Resignación y Reacción

Hay momentos en los que las aspiraciones y las quejas sólo avivan el descontento general. Cuando algo es irremediable hay que asumirlo como tal y sobrellevarlo lo mejor posible con la esperanza de que esa disposición contribuya a salir del atolladero. Resignarse va en contra del instinto pero ¿no es la razón del hombre la que ha adaptado la naturaleza del resto del mundo a sus deseos?

No obstante, aunque se parta de esa buena disposición de base también hay situaciones que desencadenan de manera inevitable una reacción. La tolerancia ha rebasado su nivel de sobresaturación, la exigencia aumenta y la paciencia se agota. La cuerda se tensa y se desgarra fibra a fibra, sin nada que alivie la tensión. Llega un punto en el que no da más de sí y se rompe. Una vez rota, repararla es más difícil de lo que habría sido evitar ese punto crítico. Sin embargo la falta del sentido de la medida prevalece habitualmente y siempre se estira un poco más, pese a que se barrunte que sólo pende de un hilo. La cuestión final siempre es averiguar la resistencia del material del que está fabricado ese hilo.

Mientras el juego sea limpio la situación se sobrelleva, pero cuando el perjuicio de muchos va a redundar en el beneficio de unos pocos tramposos y marrulleros, las tornas cambian. Antes de que viren por completo se opta por bloquearlas. ¿Servirá de algo?

¿Se paralizará la privatización del sistema sanitario con lo que eso conlleva, no ya para los médicos sino para los pacientes (que, aunque la mayoría lo ignore, son los auténticos perjudicados en la jugada)? Ahora empiezan con seis centros, pero en realidad lo que dice la ley que pretenden aprobar es que se permite la venta de cualquier centro sanitario a inversores privados. Lógicamente si se hace una ley como esa es con el propósito de, poco a poco y con el tiempo, deshacerse de todos los hospitales.

Se afirma que no habrá diferencias cuando ya las hay. Se defiende que se conseguirá una mejor gestión pero ¿a costa de qué? Sin duda el trabajo repercutirá sobre los médicos pero, por desgracia, la atención sobre quien repercute es en el enfermo. No serán las patologías banales las que se verán afectados por estas medidas, al contrario, posiblemente esos usuarios salgan más contentos que con el sistema actual. Esos enfermos son rentables: el sistema paga por ellos y el gasto que implican es mínimo. Se calcula que cada cliente dejará un beneficio que se estima entre los 40 y los 80 euros, lo que sumado supone unos cuantos cientos de millones de euros. ¿Cómo es posible si actualmente sólo da pérdidas? Además, pese a que el dinero inicial provendrá de los impuestos de los ciudadanos, no serán estos los que verán el rendimiento de su inversión, sino que se lo llevarán unos pocos privilegiados bien posicionados.

Actualmente los hospitales de gestión privada compran lista de espera de cirugías sencillas, de pacientes por otro lado básicamente sanos, a los hospitales de gestión pública. Para hacerse con ellos todo vale, hasta el engaño si es necesario. Les aseguran que "si no acceden a su "petición" su cirugía se demorará varios meses". Algunos prefieren esperar y quedan gratamente sorprendidos cuando "esos meses" se limitan a una o dos semanas después. ¿Qué sucede cuando a alguno de estos pacientes operados fuera le sobreviene una complicación imprevista? ¿Dónde acuden en ese caso? Lógicamente a su hospital. ¿Dónde se les revisa y se les sigue? En ese primer hospital.

Tras el gasto que supone la construcción de nuevos hospitales hay que lograr hacerse con pacientes a cualquier precio. La financiación de estos centros se basa en que el estado paga una cuota por cada habitante de esa zona sanitaria, dependen de ellos para que les cuadren las cuentas. ¿Cómo se consigue que las líneas de autobuses cambien su trayecto y paren en esos centros y ya no pasen por los antiguos? Está claro que esa astuta maniobra requiere algún tipo de intervención externa, no se cambia una ruta así como así. Esta jugada no es infalible: hay pacientes que disponen de coche y prefieren ir a lo "viejo conocido" que a lo "nuevo por conocer". ¿Cómo capturarlos? Una serie insistente de llamadas, en las que hasta las amenazas son válidas, consiguen convencer hasta a los más reticentes. Las peticiones se transforman en demandas. La gran mentira a la que recurren consiste en declarar que su historia clínica se ha trasladado al nuevo centro y que, por tanto, en el antiguo ya no le van a atender. Otra estratagema es la de derivar pruebas médicas, simplemente para así realizarlas más rápidamente, a estos hospitales y, una vez allí, de paso, darle cita con el especialista de turno para que valore los resultados y actúe en consecuencia. ¿Qué hay que operar? No se preocupe, aquí se lo arreglamos todo.

¡Semejante interés resulta casi increíble! ¡Cuánto altruismo! Si esta preocupación por la asistencia fuese de aplicación universal nadie tendría reparos ante la privatización. Sin embargo no sólo hay que ser rentable, sino obtener ganancias y no todos los pacientes son rentables. Serán los enfermos crónicos, los oncológicos, los ancianos, los críticos y un largo etc de estancias aún más largas que ese etc sí que notarán esos ajustes. ¿Cómo? No es tan difícil: valga como ejemplo el rechazar enfermos de otras comunidades a los Centros de referencia (hasta hace poco nacional), negar tratamientos experimentales, pese a su eficacia, o fármacos de "uso compasivo" ante los que no hay alternativa, determinar criterios de edad para colocar o no colocar en la cirugía algún tipo de prótesis. Son cosas que ya suceden puntualmente y el miedo es que su aplicación se generalice.

Se reservarán hospitales para atender a los pacientes crónicos y ancianos, que suponen mayor gasto. Esos centros seguirán incluidos dentro del sistema actual. Sin esta premisa para deshacerse fácilmente de estos pacientes, a los del grupo privado no les interesaba encargarse de la Sanidad madrileña.

Ya ocurre con clínicas privadas que, independientemente del estado del paciente, en coma o moribundo, una vez superada la cuota económica cubierta por su seguro, si no se avienen a pagar de otro modo, se trasladan al servicio de urgencias del hospital público que le corresponda. Las hospitalizaciones prolongadas, llegado un momento, serán dadas de alta por orden del gestor (que no por criterio médico). Me pregunto también si se construirán dos servicios de urgencias, como actualmente existen en algunos centros, en los que los pacientes "buenos" se atienden por un lado y los "indeseables" por otro. ¿Enmoquetarán las salas de espera de los buenos y no dejarán ni una mísera silla en los pasillos donde aguardarán los otros? De alguna parte del presupuesto de mobiliario tiene que salir el gasto de la moqueta.

Quedan muchas cuestiones pero este post lo termino con esta: ¿Se podrá evitar que a fecha de 31 de Diciembre pierdan su empleo los eventuales del sistema sanitario? ¿No es una vergüenza que después de un mínimo de 10 años para obtener el título de especialista, con un periodo de MIR en el que uno vive en el hospital, sin dormir más que a ratos perdidos, la reestructuración exija que no se renueve ni uno solo de esos contratos? Los servicios van a tener que apañárselas y funcionar con menos personal. Si los pacientes ya se quejan de las demoras y hay sobrecarga de trabajo ¿cómo esperan solucionar la situación? ¿Acaso van a remitir las quejas a la gestión privada? Seguro que saben cómo sacarles un buen rédito, es sólo cuestión de cobrar por el trámite.