El comentario de House

House está saliente de guardia y su comentario al post del día es digno de una entrada propia, entre otras cosas porque por su tamaño no encaja en la casilla destinada para este uso. Para colmo se le ha ido la luz cuando estaba a media redacción, con el subsiguiente deleite del comentarista. Transcribo textualmente sus palabras:

"Decía, antes de uno más de los repetidos cortes de fluído eléctrico con el que nos obsequia nuestra precaria instalación, que hoy no es un gran día para que manifieste opiniones, porque mi aprecio por el mundo en general y la humanidad en particular está bajo mínimos por salir de guardia. Un desperdicio de medios como otro cualquiera.

Pasamos al apartado de repetir obviedades. No va a iluminar a nadie pero fluidifica la bilis:

- En España (sí, "este país" todavía se llama España) para ser político u ocupar un alto cargo de la administración, de los denominados "de confianza", desde director general a presidente de algún consejo o tribunal, no hace falta nada especial en cuanto a formación o méritos, se puede incluso ser analfabeto y concejal. Basta con figurar en una buena posición en alguna lista de las que votará el pueblo soberano, o ser familiar, amigo, conocido, sobornador, o acreedor (material o moral) de alguno de los que salen en esas listas. Sobre los logros y motivos que llevan a alguien a querer aparecer en ellas y hacerlo, mejor dejarlo para otro día. Hoy no estoy de humor.

- En esta misma España, para tener la capacidad legal de ejercer alguna profesión para la Administración Pública, lo que vulgar y generalmente se conoce como ser funcionario, hace falta una titulación de grado medio o superior, distintos niveles de capacitación postgrado y pasar un proceso de selección del tipo concurso-oposición. Un proceso que puede ocupar entre 4 y 10 o más años de tu vida, yendo todo rodado. Lógicamente la retribución por ese ejercicio profesional, se espera que sea acorde y proporcional al nivel de preparación y responsabilidad que conlleva.

- En esta misma España, las grandes decisiones sobre la clase de país en el que queremos vivir, qué cosas gestiona y costea el Estado, qué cosas nos pagamos privadamente, qué servicios e infraestructuras deben ser de alto nivel y cuáles son secundarios o terciarios y potencialmente prescindibles, no las toman los profesionales, sino los políticos. Suponemos que eso debe ser bueno, es la esencia de la democracia pues los políticos en teoría cumplen el designio del pueblo. Gracias a eso la educación y sanidad son universales y gratuitas, existe justicia gratuita para los económicamente débiles, tenemos una red de autovías de libre utilización, etc.

- Todo eso se paga del dinero que aportamos con los impuestos, cotizaciones, contribuciones, multas y sanciones, tasas y aranceles. Los mecanismos de recaudación del Estado que son múltiples, variados y a veces arcanos. Lo que es aún más obvio es que para que el Estado tenga suficientes recursos es imprescindible que todos paguemos lo que nos corresponde y si con eso no alcanza, o bien el Estado deja de prestar servicios, o se endeuda. Por si no queda claro, España ahora mismo está endeudada y se está planteando limitar, o más bien eliminar servicios. Criticar por qué España está endeudada supera con mucho mis ganas de despotricar hoy.

Y ahora viene la parte menos obvia:

En la Comunidad de Madrid hemos tenido y tenemos el privilegio de ser gobernados por políticos que no solamente carecen de preparación, profesionalidad y rigor como los de cualquier otra zona del país, sino que forman parte de una oscura trama de financiación, comisiones y tráfico de fondos e influencias, que probablemente nunca lleguemos a conocer en toda su extensión y de la que claramente jamás responderán ante la opinión pública ni la justicia. Son estos elementos los que tienen decidido desde hace mucho tiempo que algunos servicios públicos son excesivos e imposibles de sostener. La diferencia es que ahora tienen el respaldo de un gobierno nacional con intereses similares y un entorno de crisis y preocupación que va a validar cualquier decisión que adopten.

Son conocedores del nefasto efecto que podría tener en su capacidad de resultar reelegidos y perpetuarse en el ejercicio de sus cargos, la eliminación esos servicios. No viene a cuento pero no puedo evitar preguntarme quién pillará tajada si el maldito Eurovegas termina en terrenos de la Comunidad de Madrid, o si nos dan las Olimpiadas.

A lo que iba que me disperso. Políticamente es útil dar cosas gratis, cuantás más y de mejor calidad, mayor fruto político. Uno de los problemas es que España no tiene ni ha tenido nunca, salvo cuando "importábamos" materias primas de las colonias, la capacidad de generación de riqueza, la infraestructura industrial, la tradición de innovación y de empresariado responsable, la voluntad colectiva de cumplimiento del deber, ni otras muchas cualidades necesarias, para sostener servicios que durante los últimos cinco o seis lustros ha sido "gratistotal". Ahora "alguien" tiene que poner límite a las prestaciones, tiene que aumentar la contribución del usuario a la financiación del servicio y puede llegar a tener que suprimirlo. Y es cuando en vez de dar la cara, reconocer, devolver y compensar lo que se ha robado, lo que se ha administrado mal, lo que se ha financiado a costa de crédito y ayudas exteriores, reordenar el sistema para que se pueda sostener, están optando por seguir tomándonos el pelo y continuar con el expolio. Los pasos a seguir:

- Recortar las remuneraciones de los profesionales hasta conseguir llevarlos a una situación insostenible que les obligue a tomar medidas de protesta. Lo cual llevará a un deterioro mayor del servicio afectado. Lo cual a su vez da la excusa perfecta para culpar a los profesionales, descargando de responsabilidad a los políticos que no supieron diseñar el sistema para que fuese funcional indefinidamente. En resumen, dirán que la sanidad y la educación se van al carajo por culpa de los médicos y los profesores, que no son solidarios en este clima de crisis y carencias. Es obvio, si trabajáramos gratis o por el sueldo de un destripaterrones, el sistema tendría alguna posibilidad más de sostenerse. Nos ha "molao" Mayo con sus flores.

- Crear una infraestructura paralela semiprivada, que asumirá la prestación del servicio cuando deje de ser gratuito. Eso en la CdM ya existe, tiene un nombre, unos administradores y gestores que se rumorea tienen relaciones, incluso de parentesco, con políticos actualmente en ejercicio de sus cargos. Si los periodistas de España tuvieran más vocación por desvelar hechos fraudulentos que por ganar influencia y ridículas migajas de poder, tal vez el pueblo soberano llegaría a saber la verdad y podría forzar que las cosas cambien.

- Seguir sacando tajada a escondidas y bombardeando el sistema desde dentro. Resulta que no hay dinero para pagar sueldos dignos, pero sí lo hay para seguir proporcionando "gadgets" a los usuarios para que tengan una percepción superior de la calidad del servicio que han recibido. Se puede gastar dinero en líneas de atención al cliente, --perdón, usuario-- que no resuelven nada, al contrario, generan más malentendidos y problemas; en páginas web aparentes pero completamente inútiles; en cuestionarios (impresos en papel dentro de carpetas de buena cartulina impresa en cuatricromía) que luego no se procesan ni modifican las prestaciones, pero aparentan interés. Todas estas ocurrencias por supuesto están proporcionadas por empresas externas al propio sistema, que naturalmente reciben puntualmente su dinero, no vaya a ser que quienes deciden cómo se maneja esto se queden sin su tajada. Mientras, las empresas que con sus productos permiten que el sistema funcione, llevan meses, algunas incluso años, sin cobrar.

Somos víctimas de nosotros mismos, de habernos creído que en España tenemos una democracia auténtica, de pensar que somos un país rico que pinta algo en la comunidad internacional. Por no saber, no hemos sabido ni tener una democracia con los tres poderes plenamente separados. Aquí los jueces pueden no procesar a un político, quien a su vez pude vetar que un juez dé explicaciones en el parlamento, mientras los que saquean el erario público consiguen hacer las leyes que además de hacerlo posible, evitan que les inculpen. Claro que si pensamos que semejante panorama nos justifica para no cumplir nuestras propias obligaciones fiscales y laborales, empezamos mal para intentar cambiar algo. Va a ser por eso que en Francia y Alemania no recortan tanto."